Publicado originalmente en ZM (www.zona-militar.com)
Por Mariano Gonzalez Lacroix | 04/05/2025
Pocas cosas resultan tan predecibles como la tentación de cualquier administración de turno de utilizar a las Fuerzas Armadas argentinas como un atajo electoralista. Esta vez, el gobierno nacional decidió ir un paso más allá: en vez de avanzar en un plan de fortalecimiento real de la Defensa Nacional con una reconstrucción real de las capacidades básicas, prefirió apelar a un recurso mucho más sencillo y efectista: enviar soldados a hacer de gendarmes, escoltados bajo una “reserva” normativa desarrollada desde el Ministerio de Seguridad y desde asesores resistidos por la familia militar.
Con la firma de la resolución ministerial correspondiente y las reglas de empeñamiento “reservadas”, la administración actual habilitó a personal militar a realizar detenciones de civiles en flagrancia en la frontera norte del país. Se arguye que este accionar estaría amparado en interpretaciones flexibles del Código Procesal Penal y en la normativa de Seguridad Interior. Pero como ya es regla de oro y a lo largo de sucesivas gestiones, la forma vale más que el fondo, y la ambigüedad jurídica parece ser más una táctica que un descuido.
Nadie puede negar que el Estado argentino tiene una deuda histórica con el control de sus fronteras. Tampoco que las Fuerzas de Seguridad, desbordadas y limitadas en capacidades, requieren refuerzos y coordinación efectiva. El problema actual radica en que se confunde reforzar con sustituir. No existe ningún país serio que entregue tareas de cacheo, control de documentación o detención de civiles a personal militar entrenado para la guerra, no para el patrullaje barrial. Sí para los países en guerra, para aquellos con enormes disfuncionalidades o para sistemas populistas que buscan apelar a medidas grandilocuentes para ganar dos o tres votos.
A esto se suma un detalle no menor: la total falta de respaldo legislativo. En vez de promover una actualización seria y responsable de la Ley de Seguridad Interior y de la Ley de Defensa, el gobierno optó por el atajo: dictar resoluciones ministeriales y reglas reservadas, dejando a oficiales y soldados expuestos a situaciones jurídicas difusas y potencialmente lesivas para su propia protección. El que crea que esta política fortalece a las Fuerzas Armadas no entiende el abismo en el que se las está lanzando. Seguimos mandando a las Fuerzas Armadas a parchear cualquier problema que tiene el Estado.
Pero, claro, cualquier crítica razonada es rápidamente despachada bajo el paraguas de la “ideologización”. La nueva narrativa oficial sugiere que cuestionar el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interior equivale a “defender narcos” o a ser un “kuka encubierto”. Una aberración, defender a los militares a su vez plantea defender al narco. Un planteo pueril, que solo esconde la falta de respuestas reales a los desafíos reales de la Defensa Nacional.
Porque mientras los manuales se reescriben para enseñar a soldados a “neutralizar mediante inflexiones de voz” o a hacer “control disuasivo” en caminos polvorientos del norte argentino, lo cierto es que el salario militar sigue a la baja, el equipamiento sigue sin llegar y los proyectos estratégicos —submarinos, VCBR, helicópteros medianos— se debaten entre la parálisis presupuestaria y el olvido político.
La famosa “revolución” en Defensa que se prometía a comienzos de la gestión queda cada vez más reducida a la puesta en escena de soldados haciendo tareas policiales, mientras los problemas estructurales se siguen acumulando. No hay FONDEF que alcance si la política de Defensa se reduce a spots de campaña con uniforme.
Las propias Fuerzas Armadas, que alguna vez fueron concebidas como instituciones fundamentales para garantizar la soberanía nacional, hoy son lanzadas a operaciones improvisadas, sin reglas claras, sin cobertura política seria y sin resguardo de su función esencial. Y todo en nombre de una épica populista.
El despliegue en la frontera norte repite, con otros ropajes, los fracasos de “Escudo Norte” y otras iniciativas similares. Extensas, costosas, ineficaces para los fines que se proponen, y profundamente destructivas para la profesionalización militar. ¿O acaso alguien cree que los 10.000 soldados prometidos para el “Operativo Roca” serán capacitados de la noche a la mañana para las complejas tareas de policía de frontera? Ya entre comunicadores paraoficiales y cuentas ministeriales se mostró al personal militar desplegado sin elementos básicos de protección y, por el seguimiento que se hace, se puede asegurar que desde esas fotos a hoy no hubo incorporación de material nuevo para ese personal.
La verdad es que, a poco de promediar la gestión, no hay recursos y las necesidades normativas y organizativas del Ministerio se siguen sin atajar. Lo que sí hay es una vocación incontenible por usar a las Fuerzas Armadas como comodín propagandístico, sin reparar en los costos institucionales y humanos que esto implica.
Mientras tanto, los debates de fondo siguen ausentes. ¿Qué hipótesis de conflicto enfrenta la Argentina? ¿Cómo se estructura la defensa de un país que carece de submarinos operativos, de artillería moderna, de vehículos blindados aptos para el siglo XXI? ¿Cuál es el plan de recomposición de capacidades estratégicas? ¿Qué se hace con el personal que cobra por debajo de la línea de pobreza?
Resulta llamativo que un gobierno que dice enarbolar la defensa de la República sea tan displicente a la hora de garantizar un marco legal claro para las operaciones militares. O que invoque la necesidad de cuidar la soberanía mientras precariza y banaliza a las instituciones encargadas de su custodia.
Las nuevas reglas de empeñamiento, lejos de fortalecer a las Fuerzas Armadas, las empujan a un terreno pantanoso. No las convierten en guardianes más eficaces de la soberanía, sino que las exponen (nuevamente) a ser actores dentro de la grieta partidaria.
Cuando dentro de unos años se midan los resultados de esta política, no será difícil advertir sus frutos: militares desgastados, estructura institucional erosionada, y una Defensa Nacional cada vez más relegada a la categoría de marketing de ocasión.
La Argentina no necesita soldados haciendo de policías. Necesita Fuerzas Armadas equipadas, remuneradas y entrenadas para cumplir su misión constitucional: disuadir, proteger y, llegado el caso, combatir por la soberanía nacional. Todo lo demás, no importa cuánto lo disfracen de épica, es apenas otro capítulo más en la larga historia de la bananerización de nuestra Defensa.
