Una propuesta para el análisis. Reproducimos a continuación la exposición realizada por nuestro amigo Pascual Albanese en el Centro para la Acción Política Segundo Centenario.
Por Pascual Albanese | 20/10/2024
El análisis político requiere, ante todo, la capacidad de distinguir entre lo esencial y lo accesorio. El gobierno de Javier Milei se caracteriza por la claridad de sus prioridades. La eliminación de la inflación, a través del “déficit cero”, es el único objetivo innegociable. Todo lo demás es instrumental. Sólo a partir de esa definición es posible interpretar sus decisiones. Quienes le reprochan sus contradicciones, incoherencias, idas y vueltas y/o retrocesos tendrían que interpretarlas a la luz de una estrategia implacable que no trepida en pagar los costos políticos que hagan falta.
Los acontecimientos de las últimas semanas están inscriptos en ese escenario. El híper-presidencialismo, único instrumento de un gobierno virtualmente carente de poder institucional, está obligado a sostenerse en el peso de la opinión pública. De allí que las tendencias exhibidas en las distintas encuestas recientes adquieren una enorme relevancia política y exigen una lectura inteligente, acorde con el cambio de época que sacude al mundo y a la Argentina.
La mayoría de los analistas coinciden en subrayar un paulatino descenso en los niveles de apoyo al gobierno registrado en la totalidad de los sondeos de opinión, aunque se cuidan de aclarar que esa disminución es relativamente módica y no supone necesariamente un cambio de tendencia.
Pero las mismas encuestas que verifican ese fenómeno consignan otros tres datos no menos relevantes: la consolidación de una suerte de “núcleo duro” que se acerca a un tercio de la opinión pública, la penetración de la imagen positiva de Milei en un segmento de los sectores populares del Gran Buenos Aires, tradicionalmente representados por el peronismo, y la extremada fragmentación del resto del espectro político.
En la explicación de ese relativo descenso y de la naturaleza de ese “núcleo duro” cabe una precisión sobre el punto de partida. Milei obtuvo el 56% de los votos en el balotaje de noviembre de 2023, cuando derrotó a Sergio Massa y cosechó el respaldo del electorado que en la primera vuelta había votado a Patricia Bullrich. Hasta entonces, tanto en las elecciones primarias de agosto como la primera vuelta de octubre, su caudal electoral orilló el 30%.
La evolución de la imagen positiva de Milei gira entre aquel apoyo del 56% en la segunda vuelta, derivado fundamentalmente del electorado de clase media de Juntos por el Cambio, hacia su piso originario del 30%, cuya base generacional fueron los jóvenes y su epicentro geográfico el interior de la Argentina. Milei ganó en casi todo el país pero perdió en el conurbano bonaerense.
Por ese motivo la penetración de la imagen de Milei en el Gran Buenos Aires tiene un valor cualitativo. Revela que el descenso del apoyo de la opinión pública se concentra en el electorado de clase media pero que en su base de sustentación crece, aunque sea por vía de las deserciones, la importancia relativa de los sectores populares, en especial de los trabajadores de la economía informal, que son los beneficiarios más directos de la reducción de la inflación.
Vale recordar que, tal como lo reivindica el gobierno, los montos de los planes asistenciales, desde la asignación universal por hijo (AUH) hasta la Tarjeta Alimentar, han tenido este año un aumento significativamente superior a la tasa de inflación. La afirmación de Milei de que el Ministerio de Capital Humano es el único con “billetera abierta” está confirmada por los hechos. Estos hechos está acompañados por la profunda crisis política que atraviesan los movimientos sociales, golpeados por el amplio consenso existente acerca del agotamiento del modelo asistencialista y por el cese de las vías abiertas o encubiertas de financiación estatal.
A diferencia de lo que sucedía con el gobierno de Mauricio Macri, la base de sustentación social de Milei no proviene del antiperonismo clásico sino de la desilusión que significó el fracaso del “kirchnerismo” en la franja más humilde de la sociedad. Las características de la concurrencia al acto de lanzamiento nacional de La Libertad Avanza en Parque Lezama, micros incluidos, corrobora gráficamente esa aseveración.
Pero el fortalecimiento de ese “núcleo duro”, con una mayor inserción en los sectores más humildes de la sociedad que en la clase trabajadora sindicalizada, que tiene a través de la negociación colectiva un mecanismo para atenuar el impacto de la recesión económica, y en la alta clase media, que por estar dolarizada sufre mucho menos los efectos de la inflación que las franjas más pobres, cobra mayor relevancia si se lo contrasta con un escenario de creciente fragmentación política, que sacude con igual dureza al peronismo, al radicalismo y al PRO.
Las mismas encuestas que acreditan esa reducción de los índice de aprobación del gobierno consignan que dicho desplazamiento no favorece a ningún otro sector político y que en las imaginarias encuestas de intención de voto, por supuesto que poco sólidas en función de la lejanía de la competencia electoral y de las expectativas más acuciantes de la sociedad, el oficialismo ostenta una clara ventaja sobre el resto de las fuerzas políticas.
Semejante dicotomía entre ese “núcleo duro” sólido y una amplia franja política en gran parte “líquida” y de preferencias fluctuantes representa una ventaja adicional para el ejercicio del hiperpresidencialismo de Milei. A diferencia del 2023, cuando el escenario electoral reflejaba una distribución entre tres tercios más o menos equivalentes, en el panorama actual corresponde distinguir entre un “tercio sólido” y una oposición dispersa, cuya mayor expresión política, que todavía es el “kirchnerismo” dentro del peronismo, muestra su orfandad como alternativa de gobierno.
Las dificultades para el gobierno suelen emerger cuando la naturaleza de las cuestiones en disputa genera una unificación de la opinión pública en una posición de disconformidad que permite una convergencia transitoria de las fuerzas opositoras que se manifiesta en el Parlamento. En un tono menor, esto ocurrió con el rechazo al decreto de necesidad y urgencia que incrementaba los fondos reservados de la SIDE, cuyo único valor reside en el hecho simbólico de haber sido el primero y hasta ahora único caso en los 40 años transcurridos de la restauración de la democracia.
Mucha mayor relevancia adquirió la controversia desencadenada a partir del veto gubernamental a la ley de movilidad de los haberes jubilatorios, cuando Milei ratificó su orden de prioridades y confirmó que el déficit cero está por encima de la variación negativa en las encuestas: “no hay plata”. Algo similar pasa con la ley de financiación de las universidades públicas, cuyo veto tiene un rechazo mayoritario en la opinión pública.
Conviene destacar que en las encuestas sobre imagen de las instituciones las universidades públicas, y muy especialmente la Universidad de Buenos Aires, son la institución mejor valorada de la Argentina. Para que quede claro que esa valoración no tiene nada que ver con preferencias ideológicas conviene acotar que el segundo lugar en ese ranking de imagen positiva corresponde hoy las Fuerzas Armadas, que hace cuarenta años ocupaban el último puesto.
La movilización del miércoles 2 de octubre, que sólo en la ciudad de Buenos Aires juntó más de 200.000 personas, revela la dimensión de un fenómeno colectivo que trasciende la coyuntura política y excede la problemática puntual del presupuesto universitario. En esta oportunidad la movilización no tuvo el alcance que tuvo la anterior del 23 de abril, que fue la más numerosa realizada en la ciudad de Buenos Aires en la historia política de los últimos 40 años, sólo comparable al cierre de campaña de Raúl Alfonsín e Italo Luder en la Avenida 9 de julio en octubre de 1983, pero concentró sí una multitud similar a la congregada en junio de 2008 frente al Monumento a los Españoles en el conflicto desatado por la resolución 125.
La analogía no es para nada ociosa. Las movilizaciones del 2028 contra la resolución 125, en las que convergieron el sector agropecuario y las clases medias urbanas de las grandes ciudades, , con la participación de manifestantes que nunca habían visto de cerca una vaca, carecieron de consecuencias políticas inmediatas pero patentizaron el divorcio entre el gobierno de Cristina Kirchner y el sector productivo tecnológicamente más avanzado e internacionalmente más competitivo de la economía, simbolizaron la reaparición en el escenario de las provincias, y por ende de la Argentina Federal, y fueron el punto de partida de un incipiente consenso nacional sobre la relevancia de la agroindustria como factor determinante para el desarrollo.
Cabe señalar que las movilizaciones por el presupuesto universitario, que como aquéllas de 2008 tampoco tienen hoy canalización política y, por lo tanto, no impactan decisivamente en la coyuntura, reflejan la aparición de un nuevo consenso mayoritario en la sociedad acerca del valor estratégico de la educación como instrumento de movilidad social ascendente.
Ese consenso, que recoge un mandato cultural hondamente arraigado en nuestro pueblo desde la ola migratoria de fines del siglo XIX, amplificado desde 1945 con el advenimiento del peronismo, está potenciado por una exigencia derivada de los incesantes cambios tecnológicos propios de la irrupción de la era del conocimiento, que establece una relación indisoluble entre el mundo de la educación y el mundo de la producción y del trabajo. Independientemente del resultado de esta discusión sobre el presupuesto universitario, lo cierto es que el desafío de la educación ha llegado para quedarse en la agenda política argentina.
Pero esta instalación de la problemática educativa en la agenda pública presenta otra arista aún más relevante: si bien se trata de una demanda transversal, que recorre todos los sectores sociales, es un requerimiento que tiene como principal protagonista a la juventud de las clases medias, que representan el principal sujeto social de la sociedad del conocimiento, o sea de la economía del futuro, así como ocurría con la clase obrera en la sociedad industrial.
Si la juventud de los sectores marginales, que aunque comparten esa demanda tienen otras prioridades más acuciantes para su supervivencia cotidiana, constituye aproximadamente un tercio de la población juvenil, esta juventud de clase media representa a los otros dos tercios de esas nuevas generaciones “nativo-digitales” y por su gravitación cuantitativa y cualitativa está llamada a desempeñar un papel decisivo en el devenir político argentino.
Esta apreciación está fundada en una característica cultural especial que encuentra su explicación en lo que significó el peronismo como motor de ascenso social y de dignificación del trabajo: la clase trabajadora argentina se considera de clase media, aunque según las estadísticas el INDEC un tercio de los salarios de trabajadores de la economía formal están por debajo de la línea de pobreza.
Un interesante artículo del Hernán Reyes, titulado “Un país pobre de clase media”, analiza una encuesta realizada por el estudio Reyes Filadaro que consigna que en el Gran Buenos Aires, donde según la última estimación del INDEC el 62% de la población está por debajo de la línea de pobreza, el 55% de los encuestados se considera de “clase media” (divididos entre un 18% de “clase media” a secas” y un 37% de “clase media baja”) y subraya que el 91% de quienes se consideran de “clase media baja” tienen ingresos personales inferiores al límites de la línea de pobreza. En esa franja auto-percibida como de “clase media”, el 95% de los encuestados considera a la educación como un “factor importante” para el progreso personal.
Como otra demostración de la transversalidad sociocultural de la demanda educativa cabe citar un episodio que pasó virtualmente desapercibido en los medios periodísticos y fue la actitud asumida por un reducido grupo de miembros de la Marina que se sumaron en Mar del Plata a la movilización para protestar contra la posible clausura de la Escuela Nacional de Pesca “Comandante Luis Piedrabuena”, dependiente de la Dirección de Educación de la Armada, una alternativa que fue luego desmentida por la conducción de la fuerza.
Si la Marcha Universitaria Federal del miércoles 2 de octubre, que como su antecedente del 23 de abril tuvo un carácter nacional e inundó las calles de Córdoba y de las principales ciudades, refleja las exigencias de una franja mayoritaria de la juventud, la multitudinaria procesión juvenil a Luján, que tuvo lugar el sábado 5 de octubre, o sea tres días más tarde, completa una radiografía elocuente de una demanda social insatisfecha que refleja ese divorcio entre el sistema político y el conjunto de la sociedad que fue la razón de ser de la irrupción de Milei y de su victoria electoral en el balotaje de noviembre de 2023.
Esa procesión, que tuvo su primera edición en 1975, cuando el padre Jorge Bergoglio era Provincial de la Compañía de Jesús, y contó en la participación del joven Oscar Ojea, hoy presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, fue una iniciativa del padre Rafael Tello, uno de los máximos exponentes de la “teología del pueblo”, que por la prédica del Papa Francisco expande hoy su influencia a escala mundial, ratificó la condición de la Iglesia argentina como la principal estructura de movilización social, sin comparación posible con ninguna otra.
En esta quincuagésima edición conviene rescatar el mensaje del arzobispo de Buenos Aires, José Ignacio García Cuerva, por su estilo es tal vez el más “bergogliano” de los obispos argentinos, quien desde la Basílica de Luján, y después de destacar que el lema del encuentro era “Madre, bajo tu mirada buscamos la unidad”, puntualizó: “Frente a la crisis, los sabios buscan soluciones y los mediocres buscan culpables. Hay muchos mediocres que frente al lacerante y doloroso 52,9% de pobreza se pusieron a buscar culpables. Desde la casa de María les pedimos por favor a todos: únanse detrás de dos o tres temas importantes para todos los argentinos”.
En esas palabras de García Cuerva están explicitadas una condición básica para la reconfiguración del sistema político: el establecimiento de una base de consenso que permita fijar un rumbo estratégico que vaya más allá de un período gubernamental y posibilite la creación de un clima de previsibilidad, credibilidad y confianza nacional e internacional capaz de promover un continuo flujo inversiones, indispensable para garantizar un proceso de desarrollo económico sustentable en el mediano y largo plazo.
La política argentina está en una etapa de recomposición. La decisión de Mauricio Macri de respaldar al veto a la ley de financiación universitaria ratifica un hecho incontrastable: el PRO no está condiciones de deslindar su suerte del gobierno de Milei. Con independencia de las formas que adquiera ese vínculo, Milei y Macri están obligados a acordar. Si así no sucediera, y ambos concurrieran a las urnas por separado, Milei corre el serio riesgo de perder frente al “kirchnerismo” las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, una derrota que podría implicar un golpe formidable a la gobernabilidad, y Macri de experimentar un contraste similar en la ciudad de Buenos Aires, su único bastión territorial.
La convergencia entre Milei y Macri genera el estallido de Juntos por el Cambio y apresura una fractura interna en el radicalismo. Las elecciones internas del radicalismo bonaerense, cuyos resultados fueron impugnados judicialmente por los perdedores, son un síntoma de un fenómeno mucho más vasto que incluye el cuestionamiento de los gobernadores radicales a la conducción de Martín Lousteau y, como contrapartida, la amenaza de ruptura protagonizada por el sector identificado con la figura de Facundo Manes.
Paralelamente la decisión de Cristina Kirchner de asumir la presidencia del Consejo Nacional del Partido Justicialista no puede sino acentuar la profunda crisis interna del peronismo. El anuncio fue precedido por un “Operativo Clamor”, promovido por Máximo Kirchner y La Cámpora, que terminó siendo un “Operativo Susurro” que cosechó escasas adhesiones tanto entre los gobernadores peronistas como en el sindicalismo.
Perón decía que “un conductor es un constructor de éxitos”. Con Cristina Kirchner el Partido Justicialista perdió en cinco de las últimas seis elecciones nacionales: las legislativas de 2013, 2017 y 2021 y las presidenciales de 2015 y 2023. Con un agravante: su única victoria, en la elección presidencial del 2019, encumbró al gobierno de Alberto Fernández que ni ella ni nadie se siente hoy en condiciones de reivindicar. La cultura peronista no es piadosa con quienes estigmatiza como “mariscales de la derrota. Y Cristina Kirchner, que está al borde de la confirmación de una condena a prisión por la Cámara Federal de Casación Penal, es una garantía de futuros fracasos.
En ese contexto cabe interpreta el categórico rechazo protagonizada por Florencio Randazzo con su sonora carta pública de desafiliación al Partido Justicialista y, en una escala políticamente más significativa, el hecho de que la mayoría de los gobernadores peronistas, entre ellos el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Saénz, que firmaron el Pacto de Mayo, no están en absoluto dispuestos a acatar a la conducción partidaria y exploran un camino independiente.
Algo similar ocurre, aunque desde antes, con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresión del único “peronismo orgánico” de la Argentina que nunca se subordinó al “kirchnerismo” y que ahora vuelve a ensayar la construcción de una nueva alternativa política nacional de la mano del ex gobernador Juan Schiaretti, quien sugestivamente apareció junto a Manes en un seminario realizado en la Universidad Católica de Santa Fe, donde se reunió con el gobernador radical Maximiliano Pullaro para ratificar un entendimiento estratégico de las provincias de la Región Centro que incluye al gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio.
Con las características propias de cada caso, en esa misma situación se encuentran también el bloque de diputados nacionales encabezado por Miguel Angel Pichetto y la flamante bancada de senadores nacionales liderada por el ex gobernador de Salta Juan Caros Romero, cuya actitud en las votaciones en el Congreso suele resultar vital a la hora de las decisiones.
En esa dirección cabe mencionar la reunión celebrada la semana pasada en Santa Fe por cuarenta dirigentes peronistas de quince provincias, entre ellos siete ex gobernadores (Vicente Joga de Formosa, Ramón Puerta de Misiones, Mario Moine de Entre Víctor Reviglio de Santa Fe, Arturo Lafalla de Mendoza, Jorge Escobar de San Juan y Sergio Acevedo de Santa Cruz), en la que acordó avanzar en una estrategia de clara diferenciación política con el “kirchnerismo”.
La intransigencia en lo que Milei estima prioritario no se extiende a la totalidad de los problemas que afronta su gobierno. Así sucedió en su momento con la negociación con la llamada oposición “dialoguista” sobre el contenido de la “Ley Bases”, cuya versión final quedó drásticamente reducida en relación al proyecto originario y en las intrincadas conversaciones que rodean la todavía pendiente designación de los nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia.
Esa ductilidad, que estará nuevamente a prueba en las negociaciones para la sanción de la ley de presupuesto para el ejercicio 2025, quedó patentizada en el diálogo con la cúpula de la CGT sobre la modernización laboral, una cuestión particularmente sensible para el mundo empresario. Este acuerdo permite avanzar en la actualización de la legislación vigente en materia de despidos, condiciones de contratación de personal y bloqueos a las empresas y aisló al sector más intransigente del sindicalismo, liderado por Pablo Moyano, que ahora pretende explotar políticamente el irresuelto conflicto de Aerolíneas Argentinas.
Perón decía que “en el mundo de hoy la política puramente nacional es una casi de provincias. Lo único que importa es la política internacional, que juega desaprensivamente por adentro y por afuera de los países”. Por eso la demostración más trascendente de pragmatismo fue protagonizada por el propio Milei en política exterior cuando, después de su discurso de tono inusualmente ideológico y confrontativo ante la asamblea general de las Naciones Unidas, anunció su decisión de viajar a China en enero de 2025 para reunirse con el presidente Xi Jing Ping, con quien muy probablemente se encontrará en la reunión cumbre de mandatarios del G-20 a celebrarse en noviembre en Brasil. Unos días antes, el 5 de noviembre, justo el día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Karina Milei y el Ministro de Economía, Luis Caputo, estarán en Shangai.
La definición presidencial fue contundente, casi autocrítica si se la coteja con anteriores declaraciones en la que sostenía que su gobierno no iba a mantener con China una relación “de Estado a Estado”, sino que la cooperación económica sería solamente entre los sectores privados de ambos países: “Con China yo me sorprendí gratamente. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador, al otro día destrabaron el swap. Además China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten”.
Como una muestra adicional de la importancia asignada por el gobierno a este giro y de su voluntad de no producir ningún hecho que atente contra esa relación bilateral vale mencionar la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de suspender la realización de una jornada sobre China que iba a tener lugar el 24 de octubre en el Congreso Nacional con la participación, entre otros, de Matt Pottinger, ex consejero de seguridad nacional en el gobierno de Donald Trump, cuyo temario giraba en torno a una estrategia de contención de la creciente presencia de China en América Latina.
Al respecto, corresponde puntualizar que esa anunciada visita de Milei a Beijing tendrá lugar con motivo de la realización de la reunión cumbre del Foro de Cooperación China- CELAC, sigla de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Ese cónclave abordará una cuestión de importancia estratégica para toda la región: la vinculación económica entre China y América Latina.
Este giro en la relación con China constituye una novedad políticamente sobresaliente, que no obedece a ningún cambo ideológico sino a una apreciación de las circunstancias. Es probable que ese mismo realismo político, surgido no de los éxitos sino de los fracasos, influya en la necesidad de avanzar en el camino insinuado con la firma de Pacto de Mayo. Porque la reconfiguración del sistema político no supone una precisión geométrica en los realineamientos de fuerzas sino la construcción de nuevos mecanismos de decisión que permitan avanzar en las reformas estructurales que requiere la Argentina. A esa necesidad alude el mensaje de García Cuerva en Luján cuando se refiere a un acuerdo sobre “dos o tres temas fundamentales para el futuro de los argentinos”.
Esta exigencia, prioritaria para el gobierno, incluye también a la oposición y en primer lugar al peronismo. En agosto de 1973, un mes antes de ser elegido por tercera vez presidente de la República con el 62% de los votos en la primera vuelta (el porcentaje electoral más amplio de la historia política argentina), Perón decía: “La política, hoy, ya no son dos trincheras en cada una de las cuales está uno armado para pelear contra el otro. El mundo moderno ha creado necesidades y los pueblos no se pueden dar el lujo de politiquear. Esos tiempos han pasado. Vienen épocas de democracias integradas, en las que todos luchan por un objetivo común, manteniendo su individualidad, sus ideas, sus doctrinas y sus ideologías, pero todos trabajando para un fin común. Ya nadie puede tratar de hacer una oposición sistemática y negativa, porque los países no pueden aguantar ya una actitud política semejante”.
En la Argentina de hoy ese mensaje adquiere más vigencia que nunca. Más allá la competencia electoral de 2025, el gobierno de Milei estará obligado a establecer acuerdos políticos más amplios para compensar su debilidad institucional y los gobernadores de todos los signos políticos forzados a contribuir a la búsqueda de esos entendimientos. En ese brutal imperio de la necesidad se asienta la base de una reconfiguración del sistema político que excluye la vuelta al pasado en cualquiera de sus manifestaciones.
