Los autores sostienen una tesis que, aunque conocida en ciertos ámbitos académicos, rara vez ha sido expuesta con tanta claridad: desde 2003, los juicios de lesa humanidad se desarrollaron no sobre la base del derecho penal liberal consagrado por la Constitución, sino bajo un modelo de derecho penal del enemigo, aplicado exclusivamente a militares y miembros de fuerzas públicas que combatieron a la subversión en los años setenta.