Según el congresista Fernando Rospigliosi, más de 1.000 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú podrían beneficiarse de la propuesta
Por Marlon Carrasco Freitas | 13/07/2025
La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó este martes en segunda votación un controvertido proyecto de ley que establece una amnistía para policías y militares procesados por delitos relacionados con la lucha contra el terrorismo durante el periodo 1980-2000. La medida, que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú (PNP) y Comités de Autodefensa, ha generado un intenso debate en el ámbito político y social.
El dictamen aprobado establece que podrán beneficiarse de esta amnistía siempre que no cuenten con sentencia firme y definitiva, es decir, aquellos que estén denunciados, investigados o procesados por delitos vinculados al conflicto armado. Además, se incluirá en la medida a los policías y militares mayores de 70 años que ya hayan sido sentenciados por estos delitos.
Según el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, la amnistía responde a la necesidad de “reparar la deuda moral del Estado” con aquellos que participaron en la lucha contra el terrorismo y fueron procesados judicialmente. El congresista también señaló que más de 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la PNP podrían beneficiarse de esta amnistía.
Justificación de la medida
Rospigliosi aseguró que la amnistía busca corregir la “violación al plazo razonable” en los procesos judiciales de los policías y militares, a quienes, según su argumento, se les ha negado un juicio justo durante más de tres décadas.
“Este proyecto servirá para hacer justicia con quienes derrotaron al terrorismo, permitiéndoles salir de la incertidumbre judicial en la que se encuentran”, manifestó el congresista de Fuerza Popular. Según el proyecto aprobado, se busca garantizar un cierre a los procesos que se han extendido por años sin una resolución definitiva.
El congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, defendió la amnistía, argumentando que muchos de los procesos judiciales carecen de pruebas y que es inadmisible que se mantengan juicios abiertos durante más de 30 años. A pesar de reconocer que se cometieron “excesos” durante el conflicto, Montoya descartó que haya existido una política sistemática de desapariciones o asesinatos por parte de los militares y policías, asegurando que los excesos cometidos fueron juzgados y castigados.
