Por Luis Eduardo Riobó Cnl (R) | 21/04/2024
Desde hace unos meses, debido a la generalizada inseguridad que vive el país y más concretamente por el desafío que el narcotráfico está planteando al Estado, con mayor visibilidad en la zona de Rosario, se vuelve a poner en discusión el cuerpo conceptual de la política argentina relativa a la seguridad.
La base de este cuerpo conceptual que ha inspirado la Legislación vigente, está centrada en ignorar la integralidad de la Seguridad Nacional (de nivel Estratégico Nacional), para concebirla en dos ámbitos separados y excluyentes de Defensa y Seguridad (ubicando ambos en el nivel Operativo Sectorial). En consecuencia, asigna a Defensa exclusivamente el “Marco Externo” para operar solo contra agresores militares externos pertenecientes a una fuerza estatal. Mientras, reserva para la Seguridad la exclusividad en el “Marco Interno” vedando expresamente a las Fuerzas Armadas operar en este marco.
Desde muchos centros de pensamiento especializados se ha alertado insistentemente sobre los contenidos en la legislación vigente. Se remarca concretamente que constituye una ficción aislada de la realidad, producto de un ensimismamiento ideológico que resulta muy inconveniente e impide cualquier progreso en materia de la Seguridad integral del Estado.
La continuidad, a través de ya muchos años, de una Legislación perversa en este campo, nos ha colocado como país, en una grave situación de inseguridad e indefensión. Es que ha confundido o relegado los principios básicos de la seguridad nacional trocándolos por intereses y mezquindades de grupos interesados que, por distintas causas, procuran una degradación de las Fuerzas del Estado.
Lo que resulta insólito es que hoy en día se siga manteniendo esta división estricta entre “Defensa” en el Marco Externo y “Seguridad” en el Marco Interno, cuando la historia reciente de los conflictos armados y la experiencia de los países más desarrollados dicen lo contrario. Los países que sostienen esta división son muy escasos. En el mundo hoy se habla de la seguridad nacional, como concepto integrador del Desarrollo con la Defensa Nacional, ubicándola en el nivel Estratégico, para que las distintas Fuerzas diriman el accionar en el nivel sectorial operativo.
Recordamos al respecto, que desde el comienzo de la nueva etapa democrática en 1983 se fue tejiendo la decisión política de inhibir a las Fuerzas Armadas de toda operación o injerencia en el Marco Interno, reservando esta jurisdicción solo para las Fuerzas de Seguridad y Policiales. Así se llegó a la promulgación de la Ley de Defensa Nacional en 1988, posteriormente la Ley de Seguridad Interior en 1992, luego la de Inteligencia y otras más, junto con varios Decretos de reglamentación años más tarde, que completaron el plexo jurídico actualmente vigente.
Causas
Para tratar de comprender estos conceptos, resulta conveniente hacer una breve mención a lo que puede inferirse como las causas que los generaron. Aunque de distinta importancia, ninguna de ellas puede considerarse excluyente, pues provienen de la confluencia de intereses de muy distinto origen. Lo cierto es que estas formulaciones se mantuvieron casi inmutables a lo largo de distintos gobiernos en estos 40 años de continuidad institucional civil, como una fáctica “Política de Estado”.
Causas políticas. A raíz de la frustración que produjo el fracaso de la guerra de Malvinas, distintos sectores políticos vieron la oportunidad de forzar al Gobierno Militar de entonces a un regreso a la vía democrática. Pero también se abrió paso la opinión que, el proceso de estancamiento o decadencia del país que se estaba verificando desde hacía muchos años, era producto de las interrupciones militares en los procesos democráticos y no de una mala gestión de los distintos gobiernos que se sucedieron y de su real capacidad de mantenerse en el Poder. Era entonces una necesidad, desde esta óptica, quitarle a las Fuerzas Armadas todo protagonismo político e institucional, reduciéndolas al grado de subsistencia y alejadas del cuerpo social.
Recordemos al respecto, el discurso de campaña del Dr. Raúl Alfonsín (1983): “Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura, no necesitamos nada más, que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino.” (los resaltados son propios)
En medio de un marcado ambiente antimilitarista muchos argentinos se dejaron persuadir ingenuamente con estas palabras grandilocuentes sobre la perfección democrática. Pero en pocos años esta utopía se transformó en desilusión. En efecto, cuatro meses antes de concluir su mandato el Dr. Alfonsín se vio obligado a entregar anticipadamente el gobierno al Dr. Carlos Menem, forzado por una hiperinflación galopante, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, saqueos a supermercados, recesión y una abultada deuda externa. Como castigo de la historia, el propio Alfonsín tuvo que corregir su famosa frase en 1992.
No fue este el único caso producido en este período llamado democrático. Recordemos la alarma que sembró el hecho que, ante el inminente golpe de estado civil que se estaba gestando desde círculos políticos adversos al gobierno del Dr. De la Rua, éste iniciase contactos con las Fuerzas Armadas para sostenerse en el poder. Las Fuerzas Armadas se rehusaron en base a la Legislación vigente, el presidente tuvo que renunciar, el golpe de estado civil se consumó.
Causas pacifistas. No son menos importantes las provenientes de la irrupción en el país de una cultura utópica pacifista, que se fue tejiendo en Occidente luego de las terribles calamidades humanitarias de las guerras mundiales del siglo XX, las que impregnaron muchos razonamientos a veces ingenuos o simplistas, pero de fácil captación. A modo de ejemplo, puede observarse que es común decir “estalló la guerra” cuando lo correcto sería decir “estalló la paz” y como consecuencia de ello, sobrevino la guerra. También es común creer que las armas y los militares promueven la guerra y no que ella resulta de la incapacidad política para gobernar las crisis, tomar medidas a tiempo, como también, de la incapacidad para no ceder a las presiones de los intereses sectoriales que no coinciden con el bien común de la sociedad que gobiernan.
Muchas veces este pacifismo se reviste de declaraciones altruistas como, por ejemplo, la errónea aplicación de los Derechos Humanos. Sin dejar de reconocer su importancia como valores del ser humano, se desvirtúan cuando se los incorpora indiscriminadamente a una supuesta legislación internacional que resulta de discriminada aplicación. Baste mencionar al respecto un solo ejemplo: el 08 de agosto de 1945 el tribunal militar de Nuremberg codificó jurídicamente la noción de “crimen contra la Humanidad”. Esto se produjo entonces, dos días después de Hiroshima. Pero al día siguiente, el 09 de agosto, EE.UU. vuelve a lanzar otra bomba atómica, ahora sobre Nagasaki. De suerte que los que denunciaban el gran crimen de “Lesa Humanidad” eran también los mismos que, teniendo ante los ojos los efectos de la primera bomba (146.000 civiles muertos), lanzan también la segunda bomba atómica (80.000 civiles muertos)…”. ¿Qué hizo al respecto la nueva legislación internacional de “lesa humanidad”? Nada.
Causas ideológicas. No estuvieron ausentes de esta confluencia política, las causas ideológicas de una izquierda que, contestes con el fracaso rotundo de la vía armada, intentaron seguir adelante con el propósito de socavar el poder efectivo del Estado propiciando una nueva política subversiva de corte gramsciano que dio lugar al conocido “Relato”, instrumento distorsionador de los acontecimientos históricos sobre la Guerra contra la Subversión en los años 70´.
Causas económicas. También, era bienvenido para ciertos grupos economicistas, reducir a un mínimo un presupuesto militar que siempre resulta bastante gravoso para cualquier Estado y dedicar el remanente a otros fines. Esa disminución permitió, en nuestro caso, afrontar el aumento del gasto en las Fuerzas de Seguridad que, en este lapso, casi duplicaron sus efectivos iniciales y fueron dotadas de moderno material y equipamiento.
Causas utilitarias. Tampoco dejaron de tener incidencia, algunos intereses utilitarios de grupos o personas para hacerse de terrenos, edificios u organismos de las Fuerzas Armadas para lucrar o beneficiarse con ellos. Cabe también incluir en esto el beneficio individual que produjo a los ciudadanos el levantamiento de la obligatoriedad de armarse en defensa de la patria (Constitución Nacional, Art 21), con la supresión del Servicio Militar Obligatorio.
Estas causas, señaladas aquí muy sucintamente, sirven para tratar de explicar cómo, una construcción privada de coherencia y apartada de las realidades de los nuevos tiempos, se mantuvo durante 40 años como una fáctica “Política de Estado” mediante la confluencia de intereses, en algunos casos de muy distinto origen. Tampoco permitió colocar al país en un mayor nivel de seguridad. Ni siquiera sirvió de resguardo institucional, ya que en estos 40 años se siguieron produciendo interrupciones institucionales (ahora civiles) y un progresivo deterioro en todos los índices. El país siguió su proceso de deterioro, pero ahora, en caída libre, en una marcada degradación y decadencia en todos los órdenes.
Consecuencias
La consecuencia más general y evidente de esta política artificial respecto a la seguridad nacional, es un debilitamiento general de todas las Fuerzas del Estado (no sólo las militares), en momentos en que los condicionamientos jurídicos establecidos trastocan totalmente la función coercitiva del Estado. Esto se pone en evidencia en el grado de inseguridad en la que viven los ciudadanos y un Estado que no solo no puede proporcionar seguridad individual, sino que es impotente frente a grupos organizados que le disputan el control del territorio. Esta situación es muy próxima a lo que se denomina internacionalmente como un “Estado Fallido”.
El debilitamiento excesivo de las Fuerzas Armadas, como es nuestro caso, pone en riesgo el equilibrio estratégico regional alterando una relación de fuerzas saludable que evite las ambiciones que pueden desatarse sobre el desprotegido; teniendo en cuanta que siempre es más fácil tomar lo que no está vigilado adecuadamente. También pueden surgir secesiones étnicas o regionales sobre espacios territoriales nacionales y estos movimientos pueden ser apoyados por otros estados para debilitar al propio. En definitiva, debilitando las Fuerzas Armadas, inexorablemente se debilita el Estado y se cierne la amenaza de la guerra civil.
Más allá de estas consecuencias generales de conjunto, el mantenimiento en el tiempo de un incoherente plexo organizativo y jurídico de la seguridad nacional, va naturalizando errores conceptuales profundos sobre el obrar de las fuerzas coercitivas del Estado.
Así debemos señalar con énfasis que no es la ley la que establece el orden, sino al revés, porque hay orden la ley es cumplida. Este principio es importante porque no puede atarse la restitución del orden a la norma legal.
En este sentido, deberíamos recurrir con más respeto a nuestra experiencia histórica, donde hombres preclaros que formaron la Argentina grande de principios del siglo XX, debatían con altura y tenían muy claro estos conceptos. Baste mencionar tan solo el claro discurso del Dr. Carlos Pellegrini, pronunciado en la sesión Cámara de Diputados del 11 de junio de 1906, donde se trataban temas referidos a la reciente revolución radical de 1905. Decía así:
“No es admisible en ningún caso, bajo ningún concepto, sin trastornar todas las nociones de organización política equiparar el delito civil al delito militar, equiparar el ciudadano al soldado, son dos entes absolutamente diversos. El militar tiene otros deberes y otros derechos, obedece a otras leyes, tiene otros jueces.”
Qué se hizo en cambio: dejar en orfandad la autoridad y la disciplina, suprimir el fuero de Justicia Militar, derogar el Código de Justicia Militar, suprimir el Código de Honor, quitar a las Fuerzas Armadas las facultades para regirse como una Institución considerándolas una repartición más de la administración pública, no ponderar las condiciones que hacen a su doble funcionalidad y aptitud, tanto para la paz, como para la guerra… Así estamos…
Continúa Carlos Pellegrini en el mismo discurso:
“No, señor presidente, no podemos equiparar el delito militar al delito civil. Sarmiento decía una vez, repitiendo palabras que San Martín pronunciara con relación a uno de los brillantes coroneles de la independencia: “El Ejército es un león que hay que tenerlo enjaulado para soltarlo el día de la batalla”. Y esa jaula, señor presidente, es la disciplina. Y sus barrotes son las ordenanzas y los tribunales militares y sus fieles guardianes son el honor y el deber.” (el resaltado es propio)
Esto es precisamente lo que ha sido permanentemente vulnerado en estos 40 años, deformando lo que es un sano y eficiente control político (no civil) de las Fuerzas Armadas en consonancia con los Objetivos Nacionales, reemplazándolo por una burda injerencia civil en el desenvolvimiento interno de la Institución en cuanto a su funcionalidad y su operatividad.
Concluye su discurso el Dr. Carlos Pellegrini:
“¡Ay de una nación que debilite esa jaula, que desarticule esos barrotes, que haga retirar esos guardianes! ¡Ese día se habrá convertido esta institución que es la garantía de las libertades del país y de la tranquilidad pública, en un verdadero peligro y en una amenaza nacional!”.
Nada más claro para comprender la situación en la que estamos, donde la disociación entre la autoridad y la responsabilidad es total. Así, el que ordena tiene autoridad, pero no responsabilidad, mientras el que actúa, no tiene autoridad, pero carga con las responsabilidades de la acción.
En cualquier fuerza armada, cuando muere el principio de la «Obediencia Debida» basada en el Honor y el Compromiso Institucional…, queda la «Obediencia Fingida» resultante del egoísmo y el resquebrajamiento Institucional.
Cabe finalmente remarcar, que la puntualización de las sucesivas desviaciones en las que se ha ido incurriendo, no tienen un sentido peyorativo para quienes actuaron en esta época, ni tampoco se trata de lamentaciones estériles. Por el contrario, están señaladas, -precisamente-, para marcar los hitos por los que debe transitarse, en favor de reconstruir una autentica Seguridad Nacional, en consonancia con el destino de grandeza que aguarda a nuestra querida patria.
No permite la extensión de este artículo encarar la descripción de la reconstrucción del Sistema, no obstante, se considera necesario remarcar, que esta urgencia requiere abordar inicialmente aspectos esenciales del mayor nivel, tales como:
- Elaborar con mayor o menor detalle, el “Plan Nacional de Desarrollo” en el largo, mediano y corto plazo. Construcción política fundamental del que se desprende necesariamente el Plan Nacional de Seguridad.
- Unificar la estructura de la Seguridad Nacional y colocarla, en el nivel estratégico nacional.
- Activar urgentemente el Sistema de Inteligencia para la Seguridad Nacional y los subsistemas consecuentes con las problemáticas particulares de las distintas Fuerzas del Sistema.
- Activar el Consejo de Defensa Nacional (CODENA) establecido en la Ley 23.554 (1988), con la estructura y atribuciones indicadas el Titulo III de la mencionada Ley. (Es sorprendente que este órgano esencial, nunca fue activado desde la promulgación de la ley).
- Diferenciar el Sistema de Planeamiento de tipo operacional, del planeamiento dirigido al diseño de Fuerzas, y del necesario para la funcionalidad de la estructura.
- Decidir la Fuerza a emplear según el tipo de problema a enfrentar. No por la jurisdicción territorial o por la fisonomía del agresor. Eliminar así, los conceptos limitantes de Marco Interno y Externo, agresor estatal o privado.
- Reflexionar sobre la fisonomía de los conflictos modernos y, sobre cuál sería la expresión que adquirirían si se aplicaran en nuestras realidades territoriales y poblacionales.
